LA DESIGUALDAD Y LOS
IMPUESTOS (I)
José Nun
Tras el acuciante problema de la desigualdad social en nuestro
país, en 2010 se realizo un acuerdo por
tres años, entre la Fundación de Altos Estudios Sociales de Argentina y la
fundación Heinrich Böll, de Alemania para llevar a cabo programas de estudios,
seminarios encuentros y publicaciones.
El primer tema que se planteó fue el de la incidencia del sistema
impositivo sobre el fenómeno de la desigualdad, para fundamentar esta elección
las razones fueron varias:
·
Se
trata de un área de indudable relevancia pero que es muy brumosa no sólo para
el público en general sino también para los propios expertos en ciencias
sociales.
Una cuestión tan decisiva para el conjunto de los ciudadanos ha estado
siempre reservada a los especialistas, quienes en el mejor de los casos debaten
entre sí y suelen asesorar a políticos que rara vez de hallan preparados para discutir sus opiniones.
·
Estrechamente
relacionado con lo anterior hay que mencionar que ha pasado bastante
desapercibido que, desde mediados de la década del setenta, Argentina se
convirtió en un caso único entre las naciones de niveles de desarrollo similar
o superior en virtud de las trasformaciones experimentadas por su régimen
fiscal: éste perdió el carácter progresivo que había adquirido a partid de los
años cuarenta para volverse estructuralmente regresivo. son muy pocos los que
saben que aquí el impuesto a las ganancias recae básicamente sobre las
sociedades y no sobre las personas fiscales, lo que trae consecuencias
negativas.
·
Contamos
con tributaristas de prestigio internacional muy dispuestos a compartir sus
conocimientos y sus críticas en la materia pero es raro que se les facilite el
acceso a una audiencia amplia, de manera que perdura (y no por casualidad) la
idea de que algo que afecta tan directamente a nuestra vida cotidiana escapa a
nuestra comprensión.
CAPITULO UNO
CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD
Desde hace más de treinta años, se instaló en Argentina y en el resto de
los países de América Latina la idea de que el crecimiento económico era el
mejor instrumento para alcanzar la prosperidad colectiva y de este modo reducir
las desigualdades sociales, pero muy pronto la evidencia empírica comenzó a
demostrar que en muchos casos que el crecimiento y el empeoramiento de las
condiciones de vida tendían a aumentar juntos.
En el caso especifico de Argentina, desde los tiempos de la última
dictadura militar nuestra economía estuvo dominada ideológicamente por la
ortodoxia neoliberal, que entronizó al mercado y promovió el llamado ciclo de
valorización financiera. El neoliberalismo se nutrió de las versiones más
estrechas de la teoría económica neoclásica, ignorando otros aportes de esta
escuela como los de J. Arrow (ganador del Premio Nobel de Economía en 1972),
que sostenían que ningún mercado está en condiciones de garantizar la justicia
distributiva.
En gran medida ese paradigma neoliberal continúa impregnado hasta hoy en
la visión de la realidad de sectores claves del país; ni las crisis ni la
pobreza ni el hambre han hecho mella en sus argumentos, que permanecen
intactos, y por otro lado una vez que se aceptan sus supuestos se eslabonan con
una lógica poco menos que cartesiana. Pivotean sobre dos factores que se
consideran controlables: uno es la tasa de inflación y el otro, el nivel de
ahorro nacional.
La explicación podría resumirse más o menos así: dada una economía
capitalista de libre mercado que funcione sin interferencias, si hay
estabilidad de precios y un volumen suficiente de ahorros públicos y privados,
de generara un “clima de negocios” favorable que atraerá a los emprendedores y
los llevara a invertir. En consecuencia, los negocios florecerán y existirá una
creciente prosperidad. Sencillo, fácil de entender y, por eso mismo,
convincente.
Es claro que surgen de inmediato por lo menos dos preguntas. La primera
es por qué, entonces, esa creciente prosperidad no tuvo una verificación
empírica desde que se impuso el paradigma. Peor aún se sucedieron las crisis
capitalistas y en 2008 culminó una que todavía está lejos de haber sido
resuelta. La segunda pregunta es, precisamente,
que garantiza que aquella eventual prosperidad no termine beneficiando a unos
pocos y/o aumentando la desigualdad social. A decir verdad y a diferencia de
sus mentores clásicos no era ésta una cuestión que desvelase a los economistas
neoclásicos, quienes suponían que iba a resolverse por arrastre, o por derrame.
En los hechos eso no sucedió, por el contrario, desde las crisis del
petróleo en los años setenta en los países desarrollados se disiparon “los 30
años gloriosos” de la posguerra y el auge del neoliberalismo les ha venido
asestando golpes cada vez mas fuertes a
los llamados Estados de Bienestar (que planteaban disminuir el gasto
público, desregular los mercados
internos, incrementar la inseguridad, entre otros). Si esto sucedió en los países
más desarrollados del mundo, los efectos desbastadores del neoliberalismo
afectaron mucho más gravemente aun a las naciones que Raúl Previch llamaba
periféricas.
Lo sucedido en la Argentina desde la consolidación del neoliberalismo en
el poder de la mano de la dictadura militar que se inicio en 1976 ilustra bien
lo dicho hasta aquí, ya que desde ese año nunca se incrementaron los salarios
más que la productividad. El proceso se agudizo con el denominado Régimen de
Convertibilidad (1999-2001) en el que por un lado el PBI por persona paso de
$7.099 a $8.203, y por otro lado, aumentó el porcentaje de pobreza, de
desempleo y la desigualdad, lo que permite advertir que tras un fuerte
crecimiento macroeconómico, la correlación del crecimiento y la desigualdad
resulta negativa; luego de 1998 se desacelera el aumento del PBI, hasta llegar
a la crisis de 2001.
El grave deterioro que fue necesario remontar en los últimos años
impactó sobre amplios sectores de la población, y en el ámbito laboral hay
categorías que fueron más afectadas que otras, por un lado los más jóvenes y
según el grado de calificación, por lo que una distribución más igualitaria de
la formación profesional se convertiría en una de las soluciones más adecuadas
y urgentes, por otro lado se plateó el problema de la informalidad laboral,
que afecta a 2.800.000 asalariados y que
incide en los salarios, la estabilidad, cobertura médica entre otros, por lo
que el gobierno está trabajando para mejorar las condiciones tanto del sector
formal como del informal.
Una de las medidas de mayor peso social adoptadas por el actual gobierno
es la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comienza a regir desde diciembre
de 2009 y que beneficiará a 4.500.000 menores, con un máximo de cinco hijos por
familia menores de 18 años, que deberán cumplir con los controles sanitarios y
de vacunación oficiales y el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. No
cabe duda del éxito del programa en la mejora de la salud infantil y de la expansión de la matricula escolar, se
trata de una medida de gran trascendencia que exige y exigirá un esfuerzo
creciente y sostenido del Estado para que pueda dar realmente frutos.
CAPITULO DOS
LA NOCIÓN DE DESIGUALDAD
Al referirnos a la desigualdad debemos partir de que la mayor igualdad
debe tener por horizonte una razonable igualdad de condiciones y resultados,
subordinando a ella la igualdad de oportunidades. Pero también ese horizonte
debe ser acotado, un buen punto de partida para hacerlo es el núcleo básico de
la noción de desarrollo humano elaborada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) cuyos tres componentes son: a) una vida longeva y
sana, medida por la esperanza de vida al nacer, b) el conocimiento, medido por
la tasa de analfabetismo y la tasa total de matriculas y c) un nivel de vida
decente.
De lo dicho anteriormente se desprende quela mayor igualdad de
condiciones debe obtenerse ante todo en materia de salud, de educación y de
ingresos. Mayor igualdad no es necesariamente lo mismo que mayor equidad, pese
a que sea corriente asimilar ambos términos como si fuesen sinónimos; sucede
que esta asimilación sólo es plenamente válida si se habla de equidad vertical
pero no de equidad horizontal, de ahí que la mayor igualdad suponga una mayor
equidad, pero a la inversa no siempre sucede así.
El fenómeno de la desigualdad ha venido creciendo rápidamente también en
aquellas sociedades industrializadas y, desde el ascenso del neoliberalismo se
ha convertido en un duro signo de la época que vivimos.
Si regresamos al índice de desarrollo humano de (PNUD), una vida longeva
y sana, con niveles decentes de ingresos y de educación, aleja claramente de la
pobreza al individuo o a la familia de que se trate. Pero nada nos dice todavía
a cerca de la existencia de sectores mucho más ricos y/o con privilegios
especiales. Por lo que la desaparición de la pobreza no garantiza que disminuya
la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen, es decir, no asegura
una mayor igualdad, con los efectos negativos que esto provoca sobre la
educación, la salud, la esperanza de vida, la criminalidad, etc.
No hay dudas de que contextos de alta desocupación lo son también de
alta desigualdad. Pero tampoco en este caso la inversa es válida. La actual
fragmentación de los mercados de
trabajo, la proliferación de empleos
precarios y el crecimiento de la informalidad tornan compatibles niveles de
altos de desigualdad con tasas relativamente
bajas de desempleo. El problema radica en la calidad (y no sólo en la
cantidad) de los puestos de trabajo.
Para medir la desigualdad en términos de la distribución de los ingresos
las herramientas que se utilizan son:
1) El coeficiente de Gini: éste índice toma en cuenta tres
elementos: los ingresos individuales en orden decreciente de magnitud, el
ingreso promedio y la cantidad de individuos. Varía entre 0 (igualdad absoluta)
y 1. El índice comenzó a medirse en Argentina a partir de 1974 y ese año fue de
0,36. En la década neoliberal de los noventa,
Argentina resulto ser el país que más empeoró su coeficiente en toda
América Latina y el Caribe, tendencia que se ha venido revirtiendo en forma
significativa desde 2003 donde fue de 0,53 y para el 2010 había disminuido a
0,43.
2) Deciles de ingreso per cápita: Supone ordenar por escala de ingresos y
en forma ascendente el total de
individuos con ingresos anuales mayores a cero, ubicándolos en 10 grupos de
igual tamaño, por lo que el primer decil corresponde al 10% de la población que
recibe los ingresos más bajos y el decimo al 10% con ingresos más altos. El
ultimo individuo del quinto decil o el primero del sexto representa la mediana
de ingresos.
3) Otras medidas: los mencionados anteriormente son los instrumentos
que se utilizan mas corrientemente, aunque hay otros como el índice de Theil
que analiza la desigualdad tanto dentro como entre colectivos sociales; otro
ejemplo seria el ya mencionado índice de Desarrollo Humano que elabora el PNUD,
que además incorpora otros factores como la educación o la salud. Por su parte
la CEPAL promueve la puesta en práctica de agentes de investigación y de
políticas públicas que traten la desigualdad no sólo desde lo económico sino
también desde lo ético, lo cultural, lo político, etc.
CAPITULO TRES
GASTOS PUBLICOS E IMPUESTOS
Se llega así a un tema más especifico, ¿Cómo intervienen (o podrían
intervenir) los impuestos en la disminución de la desigualdad? Para ellos es
necesario examinar dos cuestiones íntimamente relacionadas: una es la captación
fiscal (la recaudación de impuestos) y otra, el gasto público (o sea el destino
de los fondos con los cuales cuenta el gobierno). Por ello ocuparse del gasto
público supone tener en cuanta como se o financiará y en esto, la captación
fiscal constituye el principal (aunque no el único) mecanismo de recaudación de fondos del que puede valerse el Estado.
Ocurre que resulta mucho más fácil criticar al gobierno por no proveer a
la población de bienes básicos, que explicar cómo se van a pagar y de donde
provendrán los recursos que sean necesarios conseguir. Hay quienes argumentan
que en nuestro país la carga fiscal es asfixiante, si así fuera ¿de dónde y
cómo imaginan esos críticos que podrían obtenerse los medios para implementar
las mejoras que ellos acostumbran ser los primeros en reclamar?
Aquí entran el juego “excusas justificadoras”. La corrupción de los
funcionarios públicos se ha vuelto una de las más usadas, y permite eludir el
pago de mayores impuestos porque “total mi dinero se lo llevan los pillos”.
Lamentablemente en nuestro país, y en muchos otros, esa corrupción existe desde
hace mucho, y está muy lejos de tener el castigo que se merece, pero
intencionadamente hay quienes procuran que el árbol no deje ver el bosque, porque tales
´practicas constituyen cuantitativamente una parte relativamente menor de
asunto, ya que el mayor inconveniente radica en la evasión fiscal, una de cuyas
modalidades es la fuga de capitales. Por esta vía se sacan del país o se
ocultan en el interior cuantiosos recursos que podrían estar disponibles para
aumentar la recaudación de impuestos progresiva.
Lo cierto aquí es que la evasión es un delito que cometen tanto las
sociedades comerciales como las personas físicas; a todo este panorama se le
agregan las exenciones que favorecen a los sectores más pudientes, como pasa en
Argentina con la eliminación del impuesto a la herencia y la desgravación casi
total de las rentas financieras o mineras.
Estas prácticas gozan de una larga tradición, y participan de ellas no
sólo los más ricos sino todos los que se hallan en condiciones de hacerlo. Claro
que esto no sucede con los que tiene trabajos formales, pues cualquiera sea el
destino final que su empleador le dé a tales fondos, los impuestos se le
descuenta automáticamente del sueldo.
Ciertamente, desde hace algunos años se han venido intensificando y
modernizado los controles que ejercen los organismos recaudatorios y han
crecido de manera sustancial los ingresos fiscales. Además se requiere que el
Estado avance en la redistribución de los ingresos a partir del gasto público;
hace falta también llevar adelante una política fiscal claramente progresiva
que, sea muy distinta a la vigente.
Un impuesto se considera progresivo cuando la proporción de ingreso de
la que se apropia aumenta a medida que ese ingreso sube. Contrariamente si la
tasa promedio disminuye cuando el ingreso crece el impuesto resulta regresivo.
Este último es el caso de la mayoría de los impuestos indirectos (como el IVA),
que a diferencia de los directos gravan bienes y servicios (impuesto a las
ganancias, a la herencia) y no a individuos o firmas. Por ejemplo cuando
compran el mismo modelo de bicicleta un pobre y un rico pagan un IVA similar,
que resulta mucho más oneroso para el primero que para el segundo; en cambio los
pobres no son alcanzados por el impuesto a las ganancias y los ricos sí.
El Estado no se financia únicamente de los impuestos que cobra, aunque
ésta constituya siempre la principal de las tres fuentes dan sustento al gasto
publico. Las otras dos son, por un lado las ganancias que puedan rendir las
empresas públicas y, por el otro el endeudamiento.
CAPITULO CUATRO
EL SISTEMA TRIBUTARIO ARGENTINO
Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, la estructura
tributaria argentina ha avanzado muy poco en materia de reformas tendientes a
mejorar la distribución del ingreso.
Argentina 50 años atrás exhibía una estructura y una presión tributaria
más parecidas a las del mundo desarrollado que a las del resto de América
Latina. El impacto distributivo de la acción fiscal era entonces muy superior a
la actual y existía también una mayor igualdad.
Para analizar la evolución del sistema tributario se hace foco en ocho
cuestiones:
1) El poco peso que el impuesto a las
ganancias de las personas físicas tiene sobre el total de la recaudación: en Argentina se implementó bastante
tarde el impuesto a las ganancias (1930), y éste nunca tuvo un peso demasiado
significativo en la recaudación pública. Sólo entre 1945 y 1952 el tributo
adquirió realmente alguna importancia, que fue perdiendo después y que ha
venido recuperando de manera limitada en los últimos años.
Dado el alto grado de concentración económica que
existe en nuestro país, en términos generales diversas ramas de la actividad
están dominadas por muy pocas empresas, que se convierten en formadoras de
precios. De resultas de ello a través del precio que estas empresas les fijan a
los bienes y servicios que proveen, toda vez que pueden le trasladan en
realidad el tributo a los compradores. Si éstos son otras sociedades el proceso
vuelve a repetirse; si se trata en cambio de individuos son ellos quienes
terminan abonando el impuesto, con lo cual éste pierde su filo progresivo.
De ahí que el impuesto a las ganancias de las
personas físicas se vuelva de lejos el
componente que más importa desde el punto de vista de la progresividad, sólo
que en nuestro país este componente
ronda en apenas el 30% del total aportado por el tributo.
Las ganancias de las personas físicas tienen tan poca
relevancia fiscal, por un lado, porque los ingresos individuales reciben un
tratamiento diferente según provengan del trabajo que realizan las personas o
del capital que poseen, y debido a la gran cantidad de exenciones la mayor
parte de lo recaudado proviene de las ganancias personales por ingresos del
trabajo. Y por otro lado se debe al bajo nivel de cumplimento de los
contribuyentes (evasión).
2) Las contribuciones a la seguridad social: Tanto en Argentina como en el resto de
América Latina, el financiamiento de la seguridad social es muy regresivo, pues
fija un techo al monto de ingresos sobre el cual es obligatorio aportar. Esto
hace que la proporción del aporte disminuya a medida que el ingreso aumenta. En
consecuencia, los trabajadores en relación de dependencia son en gran medida
quienes están gravados por las contribuciones de la seguridad social además de
que soportan el mayor peso en el pago del impuesto a las ganancias de las
personas físicas.
3) El escaso peso de la imposición sobre los
patrimonios: Al igual que
en la mayoría de los países de la región, los impuestos sobre los patrimonios
nunca han tenido sobre Argentina una importancia significativa. Desde que
fueron introducidas en 1974, se mantuvieron durante décadas por debajo del 1%
del PBI.
4) Crecimiento sostenido de los impuestos al
consumo: Aunque se
estableció como tal en 1975, recién en 1992 se produjo un salto cualitativo de
la importancia del IVA, que en ese año subió al 6,4 del PBI y en 2007 su valor
llegaba al 8%, para ello se lo rediseño varias veces a fin de generalizar sus
alcances y de aumentar sus alícuotas.
Dada una extendida tendencia a no emitir facturas y/o
subfacturar, el cobro del IVA pone a prueba la eficacia del sistema
recaudatorio y lo cierto es que en nuestro país la evasión resulta hoy muy
considerable. Si esta última descendiera, la tasa general del 21% podría
rebajarse entre 6 y 8 puntos.
5) Escasa relevancia de los derechos de
importación: han tenido
poca relevancia en la estructura tributaria, y esto se asentuó en la década del
cincuenta al consolidarse el llamado modelo de “sustitución de importaciones”.
Diversos autores consideran que los derechos de importación deben ser tratados
más como un asunto de política industrial que de política tributaria.
6) Tendencia creciente de los derechos de
exportación: los ingresos
fiscales resultantes de la exportación
de bienes sobre todo agropecuarios han contribuido de manera a veces
transitoria pero significativa al financiamiento del Estado argentino. Tal
política impositiva tiene una doble justificación que ratifica porque se trata
de un gravamen de carácter progresivo. Por un lado, uno de los propósitos es
que los precios internacionales no se trasladen a los precios domésticos y
afecten así a la canasta de consumo familiar. Por el otro, grava por encima del
impuesto a las ganancias que, como el exportador agropecuario, obtiene
beneficios excepcionales que no resultan
de la retribución normal que le correspondería por su explotación de nuestros
recursos naturales sino de la evolución de los mercados internacionales y de la
estrategia cambiaria del gobierno.
Constitucionalmente los fondos recaudados por
derechos de exportación no tienen que coparticiparse con las provincias, no
obstante desde 2009 el Poder Ejecutivo ha dispuesto coparticipar con las provincias un 30% de las retenciones.
El pago de éstos derechos de exportación (que son sólo parcialmente
coparticipables) disminuye la rentabilidad de los productores, haciendo que
éstos aporten menos en impuestos a las ganancias por lo que los derechos de exportación poseen una matriz
regresiva.
7) Importancia y continuidad de los gastos
tributarios: otra de las
características de sistema tributario argentino ha sido su falta de
transparencia en la concesión de medidas
promocionales. Por un lado los incentivos favorecen generalmente a los sectores
de rentas más elevadas, lo cual impacta negativamente en la distribución e
incrementa la desigualdad.
A esto se suma que los subsidios indiscriminados en
materia de energía y de transporte les acaban proporcionando a los sectores sociales medios y altos beneficios
cuyo monto supera ampliamente el que se dedica, por ejemplo, a la AUH.
8) Crecimiento de la presión tributaria
provincial: si bien en
estos últimos años aumentó la captación fiscal por parte de las provincias en términos del PBI, lo hizo a un ritmo menor
que la recaudación nacional, o sea, que disminuyó su participación en la recaudación total de
los recursos impositivos.
CAPITULO CINCO
CORRUPCION, EVASION Y CONFIANZA
Aunque se trata de una zona conceptualmente resbaladiza, se pueden
diferenciar al menos tres cuestiones: a) la CORRUPCION PIOLITICA, que consiste
en el uso indebido del poder público para obtener beneficios privados; b) la
EVASION FISCAL, que supone el no pago
fraudulento de una o más obligaciones tributarias; y c) la ELUSION FISCAL, que
se distingue de la evasión porque en este caso la falta de pago no viola la
letra sino el espíritu de la ley.
Los efectos nefastos de todas estas prácticas son, a la vez,
cuantitativos y cualitativos. En cuanto a los primeros desencadena un círculo
vicioso que acaba siendo especialmente dañino: disminuyen los recursos fiscales
disponibles, de manera que debe limitarse el gasto público, y se defraudan así
las expectativas de los contribuyentes, que tratan entonces de tributar lo
menos posible y por lo tanto hacen que siga cayendo la recaudación impositiva.
Pero aún más perniciosas son las consecuencias cualitativas que tienen
estas conductas. Sucede que mejor sistema tributario es aquel sostenido por una
cultura de la confianza, que lleva a asumir las cargas fiscales como una
obligación moral y no sólo legal. Instalar una cultura semejante implica un
largo y sostenido proceso histórico, capaz de ponerla a resguardo de
previsibles desviaciones más o menos
ocasionales.
Puesto en otros términos, la evasión, la elusión o las exenciones y los
subsidios rara vez generan problemas morales
a sus beneficiarios aunque estos no se priven por eso de emitir
opiniones críticas sobre esos temas, apelando discursivamente a lo que Nietzsche
denominó “lenguaje del bien y del mal”, un ejemplo paradigmático es el de los
jueces, que están expresamente excluidos
del pago de impuestos a las ganancias y se resisten férreamente a que esta
situación se modifique.
Mientras en países más desarrollados que el nuestro los evasores fiscales
suelen ir presos, aquí es tradicional la reticencia del fisco a promover
denuncias en sede penal. No sólo esto. La experiencia señala en forma
inequívoca que por lo común los delitos de corrupción y de evasión quedan simplemente impunes.
CAPITULO SEIS
REDISTRIBUCION Y REFORMA FISCAL
Es necesario que los estados
adopten con urgencia medidas destinadas a achicar la desigualdad y a extender
los niveles de integración social. La población percibe de desigualdad como un
problema de poder que va más allá de la concentración económica y que, de no
abordarse integralmente, puede obstaculizar las iniciativas para promover la
cohesión social. Según la CEPAL, la gran mayoría de la población
latinoamericana considera que la distribución del ingreso es muy injusta o
injusta.
Un papel crecientemente activo del Estado implica de manera necesaria
tanto que se impriman nuevas orientaciones del gasto público como que se lo
agrande. Y su financiamiento exige que crezca en forma sustantiva la
recaudación de impuestos progresivos. O sea que
se llega obligadamente al tema que ha sido tantas veces postergado en el
país: la reforma impositiva.
Se repite casi en términos idénticos en la mayoría de los programas
políticos, sean del signo que fuesen, la necesidad dell aumento del trabajo
registrado, la luchas contra la pobreza, la mejora de la salud, de la
educación, de la vivienda, del transporte, del medio ambiente, de la
infraestructura, etc. Pero, salvo contadísimas excepciones, ni se explican con
detalle de donde provendrán los recursos para financiar esos objetivos, ni se
dice tampoco que desde hace más de treinta años el país paso de un régimen
fiscal razonablemente progresivo que instaló el primer peronismo a otro
claramente regresivo, que es el que nos rige hasta ahora, dejando a salvo la
importante corrección positiva que introdujeron las retenciones.
Es así como modificar un sistema impositivo tan enmarañado como el argentino exige, entre otras cosas que se dicten nuevas leyes de muy diverso tipo; que luego
el Poder Ejecutivo las ponga en práctica, activando las áreas institucionales
correspondientes; que después se recaude
con efectividad los fondos de las fuentes previstas, y que, por fin, los recursos que obtengan sean administrados con eficiencia y aplicados
de manera transparente, si las acostumbradas
corruptelas y desvíos.
Una reforma fiscal progresiva resulta muy ardua de realizar pero es
factible en tiempos normales siempre y cuando le prepare el terreno un
complejo, sostenido y diferenciado trabajo cultural, ideológico y político.
En cuanto al sistema tributario mismo, no cabe duda de que la búsqueda
de una mayor igualdad requiere que de invierta su signo, transformándolo de
regresivo en positivo, sin perjuicio de las retenciones. Para ello se hace preciso
redefinir el régimen de gravámenes
indirectos y directos. El IVA representa el caso emblemático de los
impuestos indirectos que inciden sobre la regresividad del sistema. Es fácil
advertir que afecta mucho más a los
pobres que a los ricos cuando se toman en cuenta la composición del
gasto de unos y otros. De ahí que se trate de una carga que, por un lado, debe
bajar de modo significativo y diferenciado en lo que concierne a los
bienes y servicios propios del consumo
de masas y, por el otro, tiene que ser
incrementada en el conjunto de los consumos suntuarios. Los cambios a
introducir en los impuestos directos son varios e importantes, ante todo en lo
que hace al impuesto a las ganancias.
Ha sido sobre todo gracias a las retenciones del agro como se obtuvo un
equilibrio de las cargas fiscales. Pero si bien las exportaciones del sector
agropecuario constituyen la mayor fuente de divisas, esto no quiere decir que
el fuerte crecimiento que registra el
país desde 2002 haya sino motorizado por el campo, como se dedican a proclamar
muchos dirigentes rurales.
CIERRE
Básicamente la lectura de este libro introductorio permite despejar el acceso de actores no
especializados a ciertos caminos que son muy interesantes de recorrer, que
durante mucho tiempo estuvieron reservados solo para especialistas.
Uno de esos caminos vincula la reducción de las desigualdades sociales
con el tema impositivo y con el gato público, relacionados también con el
desarrollo económico. Cuando sube el
ingreso de los más pobres se incrementa el desarrollo; cuando crece el ingreso
de los más ricos, el desarrollo declina.
El segundo de los caminos estrechamente relacionado con el anterior. Una
mayor igualdad es función de la
estructura de los impuestos y del gasto
social mucho más que se sus niveles.
El tercero de los caminos que ha abierto este texto es de una índole
totalmente distinta, que se hallan en el segundo volumen de esta obra, en el
cual se encuentran análisis elaborados y específicos de los temas que se han
tratado en las páginas precedentes.
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